El tribunal Penal Internacional resolvi贸 avanzar con el caso en el que se analizan posibles delitos de lesa humanidad por parte de la administraci贸n madurista
La Corte Penal Internacional (CPI) resolvi贸 avanzar en su investigaci贸n contra Nicol谩s Maduro y su administraci贸n en Venezuela, que est谩 acusado de una serie de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposici贸n y la sociedad civil.
En principio, el r茅gimen de Maduro ya habr铆a sido notificado de la decisi贸n de la CPI, cuyo fiscal jefe, Karim Khan, hab铆a anunciado la apertura de una investigaci贸n por presuntos cr铆menes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo p煤blico al mismo tiempo un memor谩ndum de entendimiento con la gesti贸n socialista, que firm贸 conjuntamente con Nicol谩s Maduro.
La CPI, con sede en La Haya, abri贸 un examen preliminar en 2018 por la acci贸n de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un a帽o antes.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, seg煤n el Ministerio P煤blico. La oposici贸n considera que estas acciones se tomaron 煤nicamente evitar el proceso judicial internacional.
V铆ctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigaci贸n de la CPI en Venezuela.
“Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que muri贸 durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigaci贸n en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles cr铆menes de lesa humanidad en el pa铆s.
Jos茅 Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 a帽os al ser impactado en el pecho por una bomba lacrim贸gena disparada por un militar, creen que la investigaci贸n “abre una puerta a la justicia”.
“Hay sentimientos encontrados”, cont贸 a la agencia AFP Elvira. “Por un lado hay satisfacci贸n por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia; pero por el otro hay un vac铆o. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jam谩s debi贸 ocurrir”, lamenta.
Activistas consultados por la AFP celebran este paso, pero advierten que el proceso para establecer responsabilidades ser谩 largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ning煤n sospechoso ni a ning煤n objetivo”.
Su “peor” momento en materia de DDHH en 30 a帽os
El pa铆s vive su “peor” per铆odo de violaciones de derechos humanos en los 煤ltimos 30 a帽os, dijo Rafael Uzc谩tegui, soci贸logo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.
“Hoy estamos en la peor situaci贸n de derechos humanos en los 33 a帽os de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis econ贸mica, que ha llevado a la pobreza a niveles que hab铆an sido desconocidos en los 煤ltimos 40 a帽os”, indic贸 Uzc谩tegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alem谩n por el D铆a Internacional de los Derechos Humanos.
El director de Provea (Programa Venezolano de Educaci贸n y Acci贸n en Derechos Humanos) habl贸 de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura medi谩tica que 茅l.
“Este a帽o tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigaci贸n sobre Venezuela” por la represi贸n de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que est谩n en prisi贸n, agreg贸.
En tanto, sostuvo: “Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompa帽ado a las v铆ctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en alg煤n momento querr谩n cobrar esa factura”.
Uzc谩tegui subray贸 en particular que Provea ha sido acusada de “narcotr谩fico y blanqueo de capitales”, se帽alamientos que calific贸 de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebr贸 que la acci贸n de las ONG haya ayudado a la liberaci贸n de detenidos y a una actuaci贸n “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los 煤ltimos tiempos.
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